El otro modelo

José Miguel Benavente

Hace unos días fue lanzado el libro “El Otro Modelo. Del Orden Neoliberal al Régimen de lo Público” del cual me tocó participar. Argumentamos que Chile hoy vive bajo una hegemonía neoliberal que ya ha pasado todo los límites, incluso de quienes fueron sus ideólogos.

En varios pasajes del libro sugerimos los beneficios que otorga el mercado como espacio de libertad entre aquellos que ofrecen un producto o servicio -y por el cual esperan un precio que compense los costos-, y aquellos que acuden a satisfacer algún requerimiento o necesidad, pagando por aquello. Así, la mano invisible de Smith asegura una asignación óptima de los recursos (criterio de eficiencia) si se cumple con un conjunto de condiciones que cualquiera que haya estudiado introducción a la economía neoclásica conoce.

Uno de los argumentos centrales del libro es que en algunos casos esto no es admisible. Y no se trata de un problema regulatorio en que la intervención pública se justifica para corregir una “falla de mercado” pues no se cumple alguna o varias de dichas condiciones o supuestos. La idea central es que algunos bienes, y sobre todo algunos servicios, tienen una característica fundamental donde la agregación de los intereses privados por proveerlos no necesariamente coincide con el interés general.

Tomando el caso de privados interesados en proveer educación primaria, bajo el esquema neoliberal se asume que lo harán buscando la oferta más costo-eficiente que cumpla con ciertos estándares a ser regulados por la autoridad. Nuestro punto es que lo anterior no garantiza que la suma de estos intereses particulares -aunque estén regulados-, logre el interés general de contar con la mejor oferta de educación posible para todos, independientemente de la capacidad de pago individual.

Cuando hay una mayoría ciudadana que desea que sea la mejor educación primaria posible y para todos, sugerimos en el texto, es que estamos frente a un derecho social. Los derechos sociales, definidos como aquellas esferas del bienestar de una persona que son responsabilidad de todos, y a las que cada ciudadano tiene derecho, se constituyen en un proceso deliberativo en forma colectiva. De allí la relevancia de una correcta representación democrática.

Sugerimos que el régimen de lo privado, entendido como una agregación de ofertas que buscan eficiencia privada en su provisión, no es admisible pues no necesariamente coincide con el interés general. Y así lo ha demostrado la evidencia para el caso de la educación primaria al generarse segregación y correlación entre calidad de la oferta e ingreso de las familias.

Lo que proponemos es que esta función de provisión de derechos sociales puede ser hecha por privados pero bajo un esquema diferente : el régimen de lo público. Un esquema en que los oferentes de educación básica, aunque sean privados, tienen al frente a ciudadanos con un derecho. Bajo este marco los proveedores no pueden seleccionar ni cobrar y donde todos los estudiantes tienen una misma subvención -fiscalmente admisible-, independiente del ingreso de sus hogares.